JUSTÍCIA SOCIAL PARA EL COLECTIVO MIGRANTE

El 20 de febrero se celebra el Día Internacional de la Justicia Social, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de promover la erradicación de la pobreza, el trabajo digno, la igualdad de género y el acceso al bienestar social para todo el mundo.

Además de combatir la pobreza, la explotación laboral y la discriminación de género, la justicia social promueve también los derechos de las personas migrantes, y la eliminación de barreras por motivos de edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.

El caso de las personas migrantes

Los migrantes de nacionalidad extracomunitaria sufren 4 veces más riesgo de pobreza que los españoles y están tres veces más expuestos a la exclusión social, unos datos que se han agudizado a raíz de la pandemia según el Informe Fronteras In-Visibles, de Cáritas. Las personas de origen no comunitario sufren más vulnerabilidad: el 51% se encuentra en riesgo de exclusión social severa y el 23 en exclusión severa, ante el 18% y el 6’5% respectivamente, de los que tienen nacionalidad española, lo que demuestra la amplia brecha social.

Es fundamental conocer la realidad de las personas migradas para poder adoptar las medidas necesarias para velar por su bienestar. Por este motivo, hoy hablamos de la historia de l’Ayoub (nombre ficticio para proteger su identidad).

La historia de un recién llegado

Ayoub nació en un pequeño pueblo del Marruecos, donde estudió hasta los 16 años, mientras ayudaba en los negocios familiares. A los 17 años decidió trasladarse solo a Cataluña, quería mejorar sus oportunidades y ayudar a su familia.

El viaje no fue fácil, tampoco la adaptación en el nuevo país. En Barcelona, se encontró con muchas dificultades de adaptación; no entendía la ley, ni la lengua ni la cultura catalana. Y se dio cuenta que la situación administrativa en Cataluña no lo dejaría trabajar de forma legal una vez superara las dificultades del lenguaje.

Ayoub ahora tiene 19 años, ha dejado de estar protegido y tutelado por la Administración y es uno de tantos jóvenes migrantes, en situación de vulnerabilidad, que llegan a Barcelona después de vivir procesos migratorios extremadamente duros, y que se enfrentan a dificultades burocráticas cuando llegan a la mayoría de edad.

Son muchos los migrantes a los que no se les es fácil regularizar sus papeles y adquirir el permiso de residencia y de trabajo, documentos necesarios para iniciar con autonomía una nueva vida en la ciudad. Sin estos permisos muchos se ven abocados a vivir en la calle.

En la Fundació Comtal ayudamos más de 100 jóvenes al año como Ayoub para responder a sus necesidades básicas, asesorarlos legalmente y acompañarlos en el proceso de formación e inserción laboral. Ayoub ahora está haciendo el curso de cocina de la Fundació Comtal, y esperamos que bien pronto pueda trabajar y tener un futuro digno.

Pedimos justicia social

Ante esta situación, pedimos medidas de protección e inclusión reales que garanticen los derechos al colectivo migrante y la igualdad de oportunidades.

Más allá de responsabilizarnos de la acogida de estos jóvenes migrantes no acompañados, es necesario ofrecer herramientas y oportunidades para convertirlos en ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y facilitar su posterior emancipación. Esto implicaría garantizar la regularización administrativa de las personas extranjeras y cambiar la ley de extranjería para que sí garanticen los derechos básicos de este colectivo. Que los Ayuntamientos empadronen todas estas personas y que las ayudas sociales, como la renta garantizada, lleguen a todo el mundo.