MAYORES DE EDAD DESAMPARADOS

EN PROFUNDIDAD.

La historia de muchos jóvenes de origen extrangero que han llegado a nuestro país sin ser mayores de edad es cruda y penosa. Aunque son acogidos y tutelados por la DGAIA y consiguen el permiso de residencia, cuando cumplen la mayoría de edad y tienen que emanciparse se encuentran con un permiso de residencia que no les permite trabajar. Son jóvenes desamparados que, sin el apoyo familiar ni institucional, buscan una oportunidad para rehacer su vida y evitar la exclusión social. Son jóvenes llenos de esperanza y de ilusión, pero con una gran losa que les impide seguir adelante: la falta del permiso de trabajo.

La normativa actual se aleja no solo de la realidad que viven muchos de estos jóvenes, también de la realidad de nuestro mercado de trabajo. La cuestión es que actualmente cualquier persona que tiene un permiso de residencia donde textualmente consta que “no autoriza a trabajar” si quiere acceder al mercado de trabajo solo tiene  dos opciones. La primera, esperar cinco años de residencia continuada para tramitar la targeta de larga durada que automáticamente le permetirà trabajar. La segunda, si no quiere esperar todo este tiempo, es solicitar una modificación del permiso de residencia a un permiso de residencia y trabajo.

Si el joven opta por la primera opción, la de esperar a tramitar la targeta de larga duración, le surgen una serie de inconvenientes, algunos de ellos facilmente deducibles. ¿Como puede vivir un joven que no tiene recursos económicos ni redes sociales suficientes que le puedan apoyar o ayudar? La realidad es que sobreviven como buenamente pueden. Depende de la suerte y de las personas o entidades sociales que se cruzan en su camino y que pueden ayudarlo durante este periodo. Pero, ¿que pasa con los jóvenes cuando no los ayudan? Normalmente son abocados a la exclusión y a la delincuencia, con la consecuente irregularidad provocada por la imposibilidad de renovar su permiso de residencia. Es como un pez que se muerde la cola y que dificulta todavía más la inclusión social de los jóvenes.

Si el jove opta por la segunda opción, tiene que conseguir presentar a la adminstración una oferta de trabajo de un año (o diferentes contratos hasta un año de duración). Dicho de otra manera, hay que conseguir que una empresa, que tiene muchísimos candidatos esperando, apuesten por él, se comprometan a contratarlo un año y a continuación presenten una serie de documentos que no siempre son fáciles de aportar para algunas empresas. Además, tienen que esperar una media de un mes y medio para recibir la resolución. Para muchas empresas que ya tienen bastantes cargas y dificultades, gestionar estos contratos es demasiado complicado, y aún más en la situación económica actual. Parece entonces complicado que las empresas esten dispuestas a pasar por este via crucis teniendo en cuenta el paro juvenil que hay actualmente.

En definitiva, el marco legal es poco amable con este colectivo y poco realista porque exige a estas personas jóvenes cosas difícilmente asumibles. Con un replanteamiento claro de la normativa; no referido a modificaciones  que impliquen el efecto llamada sino a replanteamientos de los criterios, se adaptaríaa mejor a la realidad socioeconómica actual.

Las entidades sociales, sin embargo, continuamos trabajando al lado de estos jóvenes para ayudarlos a tener su oportunidad.

Ferran Rofín Sanglas, coordinador del servicio de asesoramiento jurídico de la Fundació Comtal